El Parlamento Europeo aprobó a finales de la pasada semana una directiva que pretende perseguir las prácticas ilegales de empresarios a la hora de dar trabajo a inmigrantes no documentados.
Las sanciones que prevé la nueva normativa pasan por multas, privación de ayudas públicas y la obligación de pagar salarios legales para empresas y personas que empleen a este tipo de trabajadores.
Tal y como nos cuenta Euronews, en caso de reincidencia o abuso reiterado, la sanción podría ser penal. Se daría el mismo caso, la conversión de las responsabilidades en penales, en casos de si contratar a un gran número de personas en situación irregular, cuando las condiciones de trabajo se consideren explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.
A pesar de que este paso supone un avance considerable en la defensa de los derechos de los inmigrantes, la normativa ha de ser aún aprobada por el Consejo Europeo, y los países no tendrán obligación de aplicarla hasta dos años tras la luz verde definitiva.
Por otra parte, el texto aprobado por el Europarlamento también solicita a los estados de la UE que mejoren o pongan en marcha inspecciones efectivas para evitar estos casos de ilegalidad, así como protección para que los inmigrantes puedan denunciar sin miedo este tipo de empleos ilegales y beneficiarse, si lo hacen, de permisos temporales de residencia.
En la actualidad, se calcula que trabajan en la UE entre 4,5 y 8 millones de “sin papeles”, principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la limpieza, según explica Euroalert.
La legislación en España
En el caso español, la normativa actual contempla sanciones penales para las personas jurídicas -sociedades o empresas-, que contraten a personas víctimas del tráfico de seres humanos, pero no para el resto de los casos recogidos en el nuevo texto, por lo que la legislación española tendría que adaptarse a estos nuevo suspuestos.
El empresario o empresa que no respete la nueva directiva, una vez sea obligatorio respetarla, deberá devolver las ayudas y subvenciones públicas recibidas durante el año previo y además tendrá que pagar una multa, que se fijará en función del número de inmigrantes irregulares empleados.
También tendrá que hacer frente al pago de una segunda multa que se calculará sumando impuestos y cotizaciones que habría pagado si el contrato fuese legal, y si fuera necesario, habrá de hacerse cargo de los gastos relacionados con el regreso a sus respectivos países de los inmigrantes indocumentados que decidan o se vean obligados a volver a sus lugares de origen.
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