De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Sin embargo, entre los requisitos para optar a este tipo de ayudas se encuentra el de ser natural de uno de los 20 países extracomunitarios con los que España tiene un acuerdo al respecto.

A partir de ahora, los rumanos tendrán también sus propias ayudas en este sentido. Eso sí, los inmigrantes rumanos no pueden sufrir restricciones de no-retorno temporales, y cobrarán el subsidio una vez hayan vuelto a su país, según informó el pasado martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Según cifras del Ejecutivo, en la actualidad habitan en España 750.000 rumanos, de los que casi un 10%, 70.912, están en el paro.

Según informa ABC.es, hasta ahora esta «exportación de las prestaciones» sólo era posible realizarla por un periodo de tres meses por los ciudadanos de la UE, un periodo que ahora se verá ampliado hasta el periodo total de la cobertura para el caso de los ciudadanos rumanos.

La condición irrevocable para obtener la ayuda, según explica El Economista, es que el inmigrante retornado se comprometa a buscar trabajo activamente una vez de vuelta en Rumanía.

Ya el lunes, antes de la firma del acuerdo entre ambos países, el ministro de Trabajo rumano, Marian Sarbu, afirmaba que no espera una vuelta masiva de rumanos de España a pesar de este acuerdo.

Y es que el desempleo es el principal problema al que se enfrentan tanto nacionales como inmigrantes en España. En concreto, la cifra de parados superó en el primer trimestre los cuatro millones de desempleados, situando la tasa de paro en el 17,36% de la población activa -frente al 5,6% de Rumanía-, obteniendo así el dudoso honor de convertirse en el país con más desempleo de toda la UE.

Ayuda también para el desplazamiento

Otra de las novedades anunciadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es que el Ejecutivo estudia también dar ayudas a los rumanos para que puedan cubrir los gastos de desplazamiento necesarios para volver a su país, según informa Elmundo.es.

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Las sanciones que prevé la nueva normativa pasan por multas, privación de ayudas públicas y la obligación de pagar salarios legales para empresas y personas que empleen a este tipo de trabajadores.

Tal y como nos cuenta Euronews, en caso de reincidencia o abuso reiterado, la sanción podría ser penal. Se daría el mismo caso, la conversión de las responsabilidades en penales, en casos de si contratar a un gran número de personas en situación irregular, cuando las condiciones de trabajo se consideren explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.

A pesar de que este paso supone un avance considerable en la defensa de los derechos de los inmigrantes, la normativa ha de ser aún aprobada por el Consejo Europeo, y los países no tendrán obligación de aplicarla hasta dos años tras la luz verde definitiva.

Por otra parte,  el texto aprobado por el Europarlamento también solicita a los estados de la UE que mejoren o pongan en marcha inspecciones efectivas para evitar estos casos de ilegalidad, así como protección para que los inmigrantes puedan denunciar sin miedo este tipo de empleos ilegales y beneficiarse, si lo hacen, de permisos temporales de residencia.

En la actualidad, se calcula que trabajan en la UE entre 4,5 y 8 millones de “sin papeles”, principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la limpieza, según explica Euroalert.

La legislación en España

En el caso español, la normativa actual contempla sanciones penales para las personas jurídicas -sociedades o empresas-, que contraten a personas víctimas del tráfico de seres humanos, pero no para el resto de los casos recogidos en el nuevo texto, por lo que la legislación española tendría que adaptarse a estos nuevo suspuestos.

El empresario o empresa que no respete la nueva directiva, una vez sea obligatorio respetarla, deberá devolver las ayudas y subvenciones públicas recibidas durante el año previo y además tendrá que pagar una multa, que se fijará en función del número de inmigrantes irregulares empleados.

También tendrá que hacer frente al pago de una segunda multa que se calculará sumando impuestos y cotizaciones que habría pagado si el contrato fuese legal, y si fuera necesario, habrá de hacerse cargo de los gastos relacionados con el regreso a sus respectivos países de los inmigrantes indocumentados que decidan o se vean obligados a volver a sus lugares de origen.

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Sin embargo, a la hora de actualizar los papeles, todos son dudas. Los ministerios españoles de Interior, Trabajo y Administraciones Públicas no se ponen de acuerdo en cuáles son los trámites necesarios, y tras algunas llamadas por parte de Ser Inmigrantes, no son capaces de aclararnos qué es lo que deben hacer los rumanos y búlgaros residentes en España para normalizar su situación.

Desde el Ministerio de Interior nos informan de que búlgaros y rumanos residentes en España son ya como cualquier otro ciudadanos de la UE, con los mismos derechos y deberes, aunque aconsejan pasar por el registro o por alguna oficina de extranjería para informarse sobre los pasos a seguir.

Desde la Federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom), sin embargo, nos aseguran que no hace falta actualizar ningún documento, sino que el propio certificado de residencia o de residencia y trabajo que tengan ya búlgaros y rumanos residentes en España, es el documento que les acredita con la plena ciudadanía de la UE.

Vasilica, técnico de Fedrom, nos asegura que aunque en el certificado esté contemplado que hasta el fin de la moratoria no se adquirirán ciertos derechos, a partir del uno de enero ésta ya no está vigente y que no es necesario actualizar ningún documento.

Sin embargo, Vasilica nos asegura que la crisis tambien está afectando en este caso al colectivo rumano en España, y nos cuenta que algunos compatriotas ya se han visto obligados a volver a sus países por falta de trabajo y su consecuente falta de dinero. Esperemos que pase pronto.

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Sin embargo, y a pesar de que Rumanía y Bulgaria ya eran parte de la UE, sus ciudadanos no disfrutaban de los mismos derechos de movilidad y residencia que los del resto de países.  La Unión Europea permite este tipo de mecanismos, que están contemplados en los tratados de adhesión a la UE, gracias a los cuales el resto de ‘antiguos’ miembros puede aplicar restricciones durante un tiempo a la libre circulación de estos nuevos ciudadanos comunitarios.

Aunque el plazo puede prolongarse hasta tres veces -durante un total de siete años-, España ha decidido no hacerlo y los búlgaros y rumanos residentes en España pasan a ser unos ciudadanos más de la UE.

En la práctica, la medida se resume principalmente en que los ciudadanos procedentes de Rumanía y Bulgaria residentes en la actualidad en España, ya no necesitarán el permiso de residencia en nuestro país como ocurría hasta ahora, tal y como explica el Ecodiario.

La buena nueva coincide con la campaña que el Gobierno rumano puso en marcha en los medios españoles hace unas semanas bajo el título Hola Soy Rumano, que pretende mostrar y demostrar que los más de 700.000 rumanos que residen en España han contribuido como cualquier otro ciudadano a la riqueza y al crecimiento del sistema económico -aunque actualmente no se encuentre en su mejor momento-.

Pero no todo son buenas noticias: tal y como explica La Vanguardia, el Gobierno de España se reserva el derecho a volver a establecer las restricciones si la cosa no marcha dentro de seis meses.

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