De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Así, el PSOE con el apoyo de CiU, CC y PNV consiguieron aprobar las modificaciones, no sin la protesta del resto de la oposición, especialmente del PP, así como de multitud de asociaciones y organizaciones sociales.

El punto más polémico es el aumento del periodo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales de los actuales 40 a 60 días. El Ejecutivo justifica la medida alegando que supondrá un avance a la hora de facilitar la expulsión de los inmigranes sin papeles. Sin embargo, para Cristina Olmedo, directora jurídica de Red Acoge, esto podría ser incluso “anticonstitucional”, según ha declarado al diario venezolano El Universal.

Por otro lado, una vez que entre en vigor la normativa modificada, la reagrupación familiar sólo será permitida para la familia más cercana -hijos y padres- y entre estos últimos, sólo podrán reagruparse los mayores de 65 años. Además, el inmigrante tendrá que acreditar cinco años de residencia en España.

Las ONGs, en contra

Según el diario El País, importantes ONGs se han hecho eco de su desacuerdo con la normativa. A pesar de que reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado en el Congreso, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional (según explica Europa Press) o Cáritas alertan de que el nuevo texto no defiende ni salvaguarda suficientemente los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Pero el camino para que la Ley sea aprobada no es corto. Tras la primera luz verde del Congreso, el texto tendrá que ser aprobado por el Senado -donde el PP ya ha anunciado que presentará 64 enmiendas-, tras lo cual volvería al Congreso para su aprobación definitiva.

Los avances

Pero la modificación de la normativa también incluye medidas que parece que sí han agradado a todos los sectores. Entre ellas, la posibilidad de conceder permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sin papeles víctimas de la violencia de género, o la concesión del permiso de residencia a las inmigrantes ilegales que sean víctimas de una red de trata de mujeres y se decidan a denunciarlo.

Se amplían también las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes de manera ilegal, y se castiga con más dureza los engaños a inmigrantes traídos a nuestro país con falsas promesas de trabajo legal, tras hacerles llegar una carta de invitación.

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Ya cuenten con situación regular o irregular -la ley no exige contrato si no se trabajan al menos 20 horas por semana-, las numerosas inmigrantes que ejercen como empleadas del hogar suelen sufrir temporalidad, falta de contrato y bajos salarios. Además, muchas de ellas realizan tareas muy por debajo de su preparación. Por estas razones, la citada Federación, a través de su informe “Tenemos la persona que necesita. Tres meses de garantía”, solicita que desde los gobiernos se aplique al sector ciertas garantías, que les otorguen un mayor reconocimiento social.

Esta realidad no es exclusiva de las mujeres inmigrantes en España. También hay muchas ciudadanas con nacionalidad española que se dedican a realizar tareas del hogar en casas ajenas y que cuentan con los mismos problemas.  Sin embargo, según datos del Consejo Económico y Social (CES) extraídos de la Encuesta de Población Activa, las empleadas del hogar extranjeras son más jóvenes y trabajan más horas.

En cuanto a nacionalidades, más de la mitad de las mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico proceden de Ecuador, Colombia y Rumanía -datos de 2006-. Desafortunadamente, la situación al otro lado del charco no es mejor, tal y como se puede leer en este reportaje de BBC Mundo.

Conseguir el reconocimiento social

Trabajos duros que no cuentan con el reconocimiento social que se merecen, a pesar de las buenas intenciones políticas, las mejoras puestas en marcha y de las reclamaciones sociales que han tenido lugar durante los últimos años. Según la Federación de Mujeres Progresistas, el sector del servicio doméstico está “anclado en otro tiempo, con su propio lenguaje y códigos”, según explica Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de la falta de reconocimiento y en ocasiones de respeto que tienen que soportar a diario las empleadas del hogar, el informe destaca la aportación de estas mujeres a la sociedad, así como la de las amas de casa, que también se traducen en términos económicos.

Por ello, la Federación solicita una reforma de la actual legislación y la equiparación al régimen general de la seguridad social. Algo que previsiblemente no ocurrirá en esta legislatura, según explica El Confidencial. Puedes consultar el Régimen especial de empleadas del Hogar en la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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Están ya aprobados o en trámite de aprobación o negociación 15 acuerdos, cuyos ciudadanos podrán unirse a los ‘afortunados’ naturales de cualquier estado de la UE o Noruega, que ya contaban con este derecho. Son los naturales de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela que tengan su residencia en España. Tal y como informa Servimedia, de estos países, 11 acuerdos ya están aprobados, tres están pedientes de aprobación y el de Venezuela tiene aún que comenzarse a negociar.

Un gran avance, pero con matices: hay más de 100 países con los que aún no se ha logrado un pacto en este sentido, que tendría que incluir, según dicta la Constitución Española, el derecho recíproco de voto local. Es decir, que los españoles residentes en estos países tengan también derecho a elegir a sus representantes locales en los lugares donde residan.

Los que no podrán votar

Entre los países con los que el Gobierno español no ha conseguido lograr un acuerdo se encuentran República Dominicana, Brasil, México o Marruecos, cuyos gobiernos decidieron no permitir a los españoles residentes en sus tierras ejercer el derecho a voto en elecciones similares.

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos por Europa Press, en España residen en la actualida más de un millón de inmigrantes de estos países que contarán con 18 años o más en las próximas elecciones municipales, aunque el requisito extra de haber cumplido cinco años de residencia en territorio español dejará a unos 350.000 inmigrantes sin este derecho. Las cifras facilitadas por el Ejecutivo también incluyen a los que ya han conseguido la nacionalidad española.

Campañas por el voto inmigrante

La iniciativa del Gobierno español de fomentar los acuerdos en este sentido viene siendo solicitada por la sociedad española y por los inmigrantes residentes en España desde hace tiempo. En concreto, ya en 2008, diversas asociaciones, entre las que se encontraban ACSUR, ACOMA, RUMIÑAHUI, CEDEHU, CEAR Madrid, FERINE y SOS Racismo entre otras, pusieron en marcha una campaña por e derecho al voto de lo sinmigrantes. Su leiv-motiv era la imagen que ilustra este artículo. Más información aquí.

Y si nos remitimos aún más atrás en el tiempo, seguramente muchos recordaremos la campaña ‘Aquí vivo, aquí voto‘, en la que diversos colectivos intentaban presionar al Ejecutivo para conseguir que los inmigrantes pudieran votar en nuestro país.

El voto de los españoles en el extranjero

Pero los españoles tampoco lo tienen fácil para votar en el extranjero, a pesar de los convenios. Al igual que España exige el requisito de haber residido legalmente en el país durante al menos cinco años para poder votar en las locales, el resto de países tienen condiciones particulares. En Burkina Fasso, por ejemplo, los extranjeros han de estar al día con el fisco para poder ejercer su derecho a voto; en Uruguay los cinco años de residencia se elevan a nada menos que 15 y en Argentina los extranjeros podrán votar o no en función de la provincia en la que residan.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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Promovidas por las fundaciones Wolters Kluwer y Cremades & Calvo Sotelo, las clases se impartirán en los 17 Centros de Participación e Integración -CEPIS- de Madrid en horario de tarde los días 30 de mayo, 6 y 13 de junio.

Esta primera fase piloto del programa podrá ser disfrutada por unos mil inmigrantes, que podrán recibir nociones básicas de las principales leyes españolas por profesionales -de despachos como Garrigues, Sagardoy Abogados, Roca Junyent, entre otros, según informa El Economista- que han decidido adherirse a la iniciativa voluntariamente y sin ánimo de lucro.

Las materias que se tratarán en estas particulares ‘clases’, que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, será diversas, aunque estarán divididas en cuatro grandes bloques: los elementos básicos de organización y convivencia en España; los derechos y deberes de los ciudadanos; legislación general y derecho de los extranjeros. Cuestiones como la distribución de poderes del Estado, la organización política e institucional o los principales puntos de la legislación laboral, de alquiler, vial o tributaria son sólo un ejemplo de lo que se tratará en los cursos, según informa Diario del Henares.

Los interesados podrán apuntarse a las clases gratuitas llamando al teléfono 012. Una vez completado el curso, los asistentes recibirán un diploma acreditativo de su participación que podrán presentar al solicitar la Nacionalidad Española o al realizar otros trámites, y está previsto que, posteriormente, se edite una publicación con las materias tratadas en el programa ‘Conoce tus Leyes’.

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Por su parte, el Ejecutivo parece tener muy claro la política a seguir: fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes residentes en España que no puedan o no quieran seguir buscando oportunidades en España.

El último anuncio lo ha hecho este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según informa Europa Press, el Ejecutivo incrementará la partida dedicada a los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Mediante este tipo de programas, los inmigrantes que quieran regresar a sus países podrán conseguir ayudas para financiar el viaje de vuelta, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y prueben que no podrían abandonar el país algún tipo de ayuda.

En la actualidad, el Ejecutivo ofrece dos programas distintos de retorno voluntario, éste que gestionan las ONG y un segundo aprobado por Real Decreto.

Este último no es estrictamente una ayuda económica, sino la posibilidad de que los inmigrantes de algunos países extracomunitarios que hayan trabajado y cotizado en España puedan cobrar de golpe su prestación por desempleo -el paro- antes de marcharse a su país. Eso sí, la condición es no volver a España en los siguientes tres años. Este tipo de ayudas se pueden tramitar aquí.

Desde el pasado noviembre, han sido aproximadamente unos 4.000 inmigrantes los que han solicitado y percibido esta ayuda -capitalizacion del paro-. Otros tantos, según datos del Ministerio, se encuentran en la actualidad en listas de espera para percibir el otro tipo de ayuda, la que supone dinero en efectivo para poder volver, la más solicitada hasta ahora.

Ayudas para el retorno

En el caso de la ayuda directa, denominada Programa Social de Retorno, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que la gestionan en casos de necesidad extrema. Así, entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración, Cáritas o el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) aportan a los inmigrantes que consigan la ayuda una pequeña cantidad -unos 50 euros- para los gastos de viaje, además del billete de avión, según informa Elmundo.es.

Además, el Ejecutivo está ya trabajando en otro tipo de ayudas de las que podrán disfrutar los inmigrantes rumanos residentes en España que quieran volver a su país.

Los ciudadanos de este país, que suponen la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de 700.000 inmigrantes residentes en España, no pueden acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de alguno de los 20 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. Los países en concreto son:

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En concreto, han sido 55 inmigrantes, de nueve países distintos, los primeros en conseguir el diploma, que les fue entregado el pasado sábado, tal y como cuenta el diario Levante.

Fue el conseller Rafael Blasco el encargado de entregarles los diplomas que les acreditan como poseedores de lo que se ha llamado Compromiso de Integración.

Los políticos que lo han impulsado en la Comunidad Valenciana, la primera en poner en marcha una medida similar, aseguran que el diploma abrirá más las puertas a los inmigrantes que lo posean a la hora de realizar determinadas gestiones, como por ejemplo buscar empleo, ya que “expresan su voluntad de compartir las costumbres y los valores de la sociedad en la que ahora habitan”, en este caso en las provincias de Valencia, Castellón o Alicante.

La  polémica iniciativa, que cuenta con detractores y apoyos incondicionales, ya tiene en sus filas a aproximadamente un millar de inmigrantes, según Levante.

Los cursos, que tienen una duración de 40 horas, y se imparten en las Escuelas de Acogida, se componen de clases de distintas materias, entre las que se encuentran el valenciano y el castellano, física, geografía, historia, demografía, legislación básica e información práctica.

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El entonces recién nombrado conseller de Inmigración, Rafael Blasco, anunció en mayo la creación de un contrato para inmigrantes no comunitarios residentes en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante bajo el nombre de “compromiso de integración” con el objetivo de conseguir que “los nuevos vecinos” se adapten a las normas de convivencia y “aprendan la cultura valenciana”.

Del mismo modo que cuando Rajoy hizo pública su intención de crear, si ganaba las elecciones, un contrato de inmigración para inmigrantes -por el que éstos tendrían los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”, la polémica no se ha hecho esperar. 

La puesta en marcha de este contrato ha conseguido aunar críticas del Gobierno y de numerosas asociaciones, especialmente aquéllas que se dedican a la integración de inmigrantes, que creen que esta nueva ley recortaría los derechos de los inmigrantes.

Polémica

Tal y como publica el diario Las Provincias, poco después de anunciar la noticia, el Gobierno recordaba al Ejecutivo valenciano que todas las normas de conducta que deben respetar los inmigrantes están ya plasmadas en la legislación española, así como que las competencias en materia de Inmigración corresponde a la Administración central.

Según la Generalitat valenciana, el nuevo contrato será sólamente un documento acreditativo totalmente voluntario y sin valor contractual. Para conseguirlo, será necesario superar un curso de 40 horas en el que los inmigrantes interesados estudiarán materias como geografía de la Comunidad valenciana y España, lenguas oficiales, legislación nacional, etc…

Clases gratuitas y voluntarias

Las clases, gratuitas, se impartirán, según publica la prensa local, en centros oficiales dependientes de la Consejería de Inmigración, y el material será facilitado sin coste alguno por la administración competente.

El siguiente paso tras el curso será un examen, que los inmigrantes habrán de superar para conseguir el ‘título’, que podrá incluirse posteriormente en el CV como muestra del interés del inmigrante por integrarse en su nueva ciudad y en su nuevo país de acogida.

La Comunidad valenciana será la primera autonomía en poner en marcha una medida como esta. Está previsto que las pruebas piloto, y con ellas, los primeros inmigrantes, puedan conseguir su certificado durante la próxima primavera.

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Así lo ha publicado este martes el Consejo Económico y Social (CES), que asegura, gracias a las conclusiones del estudio del doctor Jorge Saler González, que los inmigrantes, además, acuden menos a las farmacias y al médico, gastan menos dinero en medicamentos o ingresan en los hospitales con menor frecuencia que los autóctonos.

El estudio ha sido elaborado en la provincia de Lleida (Cataluña) pero el CES lo hace extensible a todo el territorio español, tal y como publica La Vanguardia.

Bajo el título ‘Inmigración: estado de salud, incapacidades laborales, farmacia y utilización de servicios sanitarios’, el estudio asegura también que los inmigrantes residentes en España acuden más a urgencia que los españoles.

Las mujeres inmigrantes, por su parte, ingresan en los hospitales más que las mujeres autóctonas debido al mayor número de embarazos y, por consiguiente, de partos.

Seguridad Social para todos

Hay que recordar que, según la Ley de Extranjería, todos los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residen tienen derecho a asistencia sanitaria en la Seguridad Social.

En los casos de menores de 18 años, embarazadas, ocasiones de urgencias o enfermedades graves, cualquier persona tiene este mismo derecho, al igual que cualquier español o residente legal en España, esté o no inscrito en el padrón municipal.

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