De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Así, el PSOE con el apoyo de CiU, CC y PNV consiguieron aprobar las modificaciones, no sin la protesta del resto de la oposición, especialmente del PP, así como de multitud de asociaciones y organizaciones sociales.

El punto más polémico es el aumento del periodo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales de los actuales 40 a 60 días. El Ejecutivo justifica la medida alegando que supondrá un avance a la hora de facilitar la expulsión de los inmigranes sin papeles. Sin embargo, para Cristina Olmedo, directora jurídica de Red Acoge, esto podría ser incluso “anticonstitucional”, según ha declarado al diario venezolano El Universal.

Por otro lado, una vez que entre en vigor la normativa modificada, la reagrupación familiar sólo será permitida para la familia más cercana -hijos y padres- y entre estos últimos, sólo podrán reagruparse los mayores de 65 años. Además, el inmigrante tendrá que acreditar cinco años de residencia en España.

Las ONGs, en contra

Según el diario El País, importantes ONGs se han hecho eco de su desacuerdo con la normativa. A pesar de que reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado en el Congreso, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional (según explica Europa Press) o Cáritas alertan de que el nuevo texto no defiende ni salvaguarda suficientemente los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Pero el camino para que la Ley sea aprobada no es corto. Tras la primera luz verde del Congreso, el texto tendrá que ser aprobado por el Senado -donde el PP ya ha anunciado que presentará 64 enmiendas-, tras lo cual volvería al Congreso para su aprobación definitiva.

Los avances

Pero la modificación de la normativa también incluye medidas que parece que sí han agradado a todos los sectores. Entre ellas, la posibilidad de conceder permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sin papeles víctimas de la violencia de género, o la concesión del permiso de residencia a las inmigrantes ilegales que sean víctimas de una red de trata de mujeres y se decidan a denunciarlo.

Se amplían también las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes de manera ilegal, y se castiga con más dureza los engaños a inmigrantes traídos a nuestro país con falsas promesas de trabajo legal, tras hacerles llegar una carta de invitación.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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En colaboración con la Fundación Pfizer, Terapias sin fronteras atenderá, a través de este programa y de manera gratuita, a inmigrantes que estén planificando la reagrupación o a los que se encuentren en pleno proceso, así como a aquéllos que ya lo hayan completado.

Ya sean individuos, parejas o familias, los inmigrantes que se enfrenten a una reagrupación familiar pueden, según la Asociación, sufrir casos de incertidumbre acerca de la decisión, culpa por la separación de los familiares, problemas para adaptarse de nuevo a la familia o a la pareja, temores o dificultades ante el reencuentro, etc..

La Asociación advierte en su página web que, si estos casos no son tratados adecuadamente por especialistas, podrían derivar en depresión, ansiedad, problemas de pareja, problemas familiares, problemas en el entorno escolar, problemas serios en las relaciones padres-hijos, aislamiento, adicciones, retraimiento social y en algunos casos separación o divorcio.

Si estás interesado en disfrutar del servicio gratuito que te ofrece la Asociación Española de Estudios Migratorios y Psicoterapia, sólo necesitas solicitar una cita en el teléfono 91 429 9756 o a través del e-mail secretaria@terapiasinfronteras.com

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Promovidas por las fundaciones Wolters Kluwer y Cremades & Calvo Sotelo, las clases se impartirán en los 17 Centros de Participación e Integración -CEPIS- de Madrid en horario de tarde los días 30 de mayo, 6 y 13 de junio.

Esta primera fase piloto del programa podrá ser disfrutada por unos mil inmigrantes, que podrán recibir nociones básicas de las principales leyes españolas por profesionales -de despachos como Garrigues, Sagardoy Abogados, Roca Junyent, entre otros, según informa El Economista- que han decidido adherirse a la iniciativa voluntariamente y sin ánimo de lucro.

Las materias que se tratarán en estas particulares ‘clases’, que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, será diversas, aunque estarán divididas en cuatro grandes bloques: los elementos básicos de organización y convivencia en España; los derechos y deberes de los ciudadanos; legislación general y derecho de los extranjeros. Cuestiones como la distribución de poderes del Estado, la organización política e institucional o los principales puntos de la legislación laboral, de alquiler, vial o tributaria son sólo un ejemplo de lo que se tratará en los cursos, según informa Diario del Henares.

Los interesados podrán apuntarse a las clases gratuitas llamando al teléfono 012. Una vez completado el curso, los asistentes recibirán un diploma acreditativo de su participación que podrán presentar al solicitar la Nacionalidad Española o al realizar otros trámites, y está previsto que, posteriormente, se edite una publicación con las materias tratadas en el programa ‘Conoce tus Leyes’.

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Sin embargo, entre los requisitos para optar a este tipo de ayudas se encuentra el de ser natural de uno de los 20 países extracomunitarios con los que España tiene un acuerdo al respecto.

A partir de ahora, los rumanos tendrán también sus propias ayudas en este sentido. Eso sí, los inmigrantes rumanos no pueden sufrir restricciones de no-retorno temporales, y cobrarán el subsidio una vez hayan vuelto a su país, según informó el pasado martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Según cifras del Ejecutivo, en la actualidad habitan en España 750.000 rumanos, de los que casi un 10%, 70.912, están en el paro.

Según informa ABC.es, hasta ahora esta «exportación de las prestaciones» sólo era posible realizarla por un periodo de tres meses por los ciudadanos de la UE, un periodo que ahora se verá ampliado hasta el periodo total de la cobertura para el caso de los ciudadanos rumanos.

La condición irrevocable para obtener la ayuda, según explica El Economista, es que el inmigrante retornado se comprometa a buscar trabajo activamente una vez de vuelta en Rumanía.

Ya el lunes, antes de la firma del acuerdo entre ambos países, el ministro de Trabajo rumano, Marian Sarbu, afirmaba que no espera una vuelta masiva de rumanos de España a pesar de este acuerdo.

Y es que el desempleo es el principal problema al que se enfrentan tanto nacionales como inmigrantes en España. En concreto, la cifra de parados superó en el primer trimestre los cuatro millones de desempleados, situando la tasa de paro en el 17,36% de la población activa -frente al 5,6% de Rumanía-, obteniendo así el dudoso honor de convertirse en el país con más desempleo de toda la UE.

Ayuda también para el desplazamiento

Otra de las novedades anunciadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es que el Ejecutivo estudia también dar ayudas a los rumanos para que puedan cubrir los gastos de desplazamiento necesarios para volver a su país, según informa Elmundo.es.

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Por su parte, el Ejecutivo parece tener muy claro la política a seguir: fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes residentes en España que no puedan o no quieran seguir buscando oportunidades en España.

El último anuncio lo ha hecho este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según informa Europa Press, el Ejecutivo incrementará la partida dedicada a los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Mediante este tipo de programas, los inmigrantes que quieran regresar a sus países podrán conseguir ayudas para financiar el viaje de vuelta, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y prueben que no podrían abandonar el país algún tipo de ayuda.

En la actualidad, el Ejecutivo ofrece dos programas distintos de retorno voluntario, éste que gestionan las ONG y un segundo aprobado por Real Decreto.

Este último no es estrictamente una ayuda económica, sino la posibilidad de que los inmigrantes de algunos países extracomunitarios que hayan trabajado y cotizado en España puedan cobrar de golpe su prestación por desempleo -el paro- antes de marcharse a su país. Eso sí, la condición es no volver a España en los siguientes tres años. Este tipo de ayudas se pueden tramitar aquí.

Desde el pasado noviembre, han sido aproximadamente unos 4.000 inmigrantes los que han solicitado y percibido esta ayuda -capitalizacion del paro-. Otros tantos, según datos del Ministerio, se encuentran en la actualidad en listas de espera para percibir el otro tipo de ayuda, la que supone dinero en efectivo para poder volver, la más solicitada hasta ahora.

Ayudas para el retorno

En el caso de la ayuda directa, denominada Programa Social de Retorno, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que la gestionan en casos de necesidad extrema. Así, entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración, Cáritas o el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) aportan a los inmigrantes que consigan la ayuda una pequeña cantidad -unos 50 euros- para los gastos de viaje, además del billete de avión, según informa Elmundo.es.

Además, el Ejecutivo está ya trabajando en otro tipo de ayudas de las que podrán disfrutar los inmigrantes rumanos residentes en España que quieran volver a su país.

Los ciudadanos de este país, que suponen la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de 700.000 inmigrantes residentes en España, no pueden acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de alguno de los 20 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. Los países en concreto son:

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Así lo ha aprobado este viernes el Gobierno español en Consejo de Ministros, aunque ha anunciado que estos acuerdos no serán los únicos en este sentido. El derecho será bilateral y recíproco entre España y los países con los que se llegue a este acuerdo, por lo que también los españoles residentes en Colombia y Perú podrán votar en las elecciones municipales que se celebren en estos países.

Peruanos y colombianos se convierten así en los primeros ciudadanos no europeos que contarán con voz y voto para poder elegir a alcalde  concejales de las ciudades en que residan, unos comicios que está previsto que se celebren en 2011.

Los habitantes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Cabo Verde, Corea, Islandia y Nueva Zelanda residentes en España serán los próximos en acogerse a esta nueva normativa, cuando se concluyan las negociaciones que el Ejecutivo español ya está llevando a cabo.

Casi 400.000 colombianos y peruanos residen en España

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, a  30 de junio del pasado año, el número de residentes españoles en Colombia incluidos en el Censo Electoral de Residentes Españoles en el Exterior (CERA), era de 8.191. Por su parte, el número de residentes colombianos en España era de 256.514, de los que únicamente los mayores de edad serían titulares del derecho al voto. En cuanto a Perú, en la misma fecha los españoles residentes en ese país eran 6.903, mientras que los peruanos residentes en España eran 123.858, una cifra que, al igual que la referente a Colombia, incluye menores de edad que no tienen derecho a voto según la legislación española.

En concreto, los peruanos y colombianos que podrán votar en las elecciones municipales españolas serán aquéllos que hayan residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral, un trámite que deben hacer para ejercer este derecho al voto.

Sin embargo, los cinco años no se aplican a los que ya cuenten con la residencia española que, aunque lleven menos años en España, tienen derecho a votar en cualquier comicio, incluidos los generales, como cualquier otro ciudadano español.

No podrán ser elegidos

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han declarado a BBC Mundo, éste “es un acuerdo que les permite a los residentes de Colombia y Perú votar, pero no ser elegidos”.

Se comienza así a cumplir una reivindicación ya solicitada por numerosas asociaciones y expertos desde hace tiempo, que hacen extensible incluso para las elecciones generales. Un ejemplo fue la campaña “Aquí vivo, aquí voto”, promovida por la Plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, formada por 18 organizaciones andaluzas. El de hoy es un primer paso para que esta reivindicación se convierta en una realidad para todos los inmigrantes en España.

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La modificación reduce un 86% las ocupaciones que se ofertaban en los primeros meses del pasado año, cuando la cifra de posibles profesiones que habían de cubrirse con personal proveniente del exterior -porque no era posible hacerlo con residentes en España- era de casi 2.500.

Parece que las medidas que el Ejecutivo está tomando para intentar paliar una crisis que cada día se hace más problemática y profunda están afectando también, de manera negativa, a los inmigrantes, tanto residentes en España como a los que tenían pensado venir.

El diario El País dedica hoy un completo artículo al tema, y a las principales dificultades que los inmigrantes están teniendo para conseguir vivir dignamente en España. Además de las dificultades que la crisis conlleva para cualquiera -aumento del paro, dificultad para encontrar trabajo y conseguir créditos, etc…-, los inmigrantes se ven golpeados por una recesión que cada día que pasa se hace más dura, y afecta no sólo a los de aquí, sino a los de allí.

Un ejemplo son las remesas que los inmigrantes mandan desde España a sus respectivos países, que en muchos casos suponen un porcentaje considerable del PIB local y han permitido a muchos barrios, pueblos y países, evolucionar por encima de lo esperado en los últimos años. Nadie duda que la inmigración a países como España ha supuesto un impulso en la vida y en la economía de habitantes de muchos países, por ejemplo en América del Sur o Europa del Este.

Sin embargo, la crisis ha hecho que las remesas se hayan reducido un 7% entre enero y septiembre de 2008, según los datos del Banco de España publicados por La Opinión.

Pero para los que están en España las condiciones se hacen cada vez más duras. Asociaciones africanas de Baleares han denunciado en los últimos días que los pisos patera han aumentado un 30% entre las familias inmigrantes residentes en las islas, según la prensa local.

La crisis, por tanto, está afectando a los inmigrantes en España más, si cabe, que al resto de ciudadanos. Así nos lo contaban la pasada semana desde la  Federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom), donde admitían que ya había compatriotas que se habían visto obligados a volver a sus países por falta de trabajo. “Esperemos que esto pase pronto”, aseguraban con esperanza. Una esperanza que esperemos que se convierta en realidad.

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Sin embargo, a la hora de actualizar los papeles, todos son dudas. Los ministerios españoles de Interior, Trabajo y Administraciones Públicas no se ponen de acuerdo en cuáles son los trámites necesarios, y tras algunas llamadas por parte de Ser Inmigrantes, no son capaces de aclararnos qué es lo que deben hacer los rumanos y búlgaros residentes en España para normalizar su situación.

Desde el Ministerio de Interior nos informan de que búlgaros y rumanos residentes en España son ya como cualquier otro ciudadanos de la UE, con los mismos derechos y deberes, aunque aconsejan pasar por el registro o por alguna oficina de extranjería para informarse sobre los pasos a seguir.

Desde la Federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom), sin embargo, nos aseguran que no hace falta actualizar ningún documento, sino que el propio certificado de residencia o de residencia y trabajo que tengan ya búlgaros y rumanos residentes en España, es el documento que les acredita con la plena ciudadanía de la UE.

Vasilica, técnico de Fedrom, nos asegura que aunque en el certificado esté contemplado que hasta el fin de la moratoria no se adquirirán ciertos derechos, a partir del uno de enero ésta ya no está vigente y que no es necesario actualizar ningún documento.

Sin embargo, Vasilica nos asegura que la crisis tambien está afectando en este caso al colectivo rumano en España, y nos cuenta que algunos compatriotas ya se han visto obligados a volver a sus países por falta de trabajo y su consecuente falta de dinero. Esperemos que pase pronto.

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