De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Así, el PSOE con el apoyo de CiU, CC y PNV consiguieron aprobar las modificaciones, no sin la protesta del resto de la oposición, especialmente del PP, así como de multitud de asociaciones y organizaciones sociales.

El punto más polémico es el aumento del periodo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales de los actuales 40 a 60 días. El Ejecutivo justifica la medida alegando que supondrá un avance a la hora de facilitar la expulsión de los inmigranes sin papeles. Sin embargo, para Cristina Olmedo, directora jurídica de Red Acoge, esto podría ser incluso “anticonstitucional”, según ha declarado al diario venezolano El Universal.

Por otro lado, una vez que entre en vigor la normativa modificada, la reagrupación familiar sólo será permitida para la familia más cercana -hijos y padres- y entre estos últimos, sólo podrán reagruparse los mayores de 65 años. Además, el inmigrante tendrá que acreditar cinco años de residencia en España.

Las ONGs, en contra

Según el diario El País, importantes ONGs se han hecho eco de su desacuerdo con la normativa. A pesar de que reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado en el Congreso, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional (según explica Europa Press) o Cáritas alertan de que el nuevo texto no defiende ni salvaguarda suficientemente los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Pero el camino para que la Ley sea aprobada no es corto. Tras la primera luz verde del Congreso, el texto tendrá que ser aprobado por el Senado -donde el PP ya ha anunciado que presentará 64 enmiendas-, tras lo cual volvería al Congreso para su aprobación definitiva.

Los avances

Pero la modificación de la normativa también incluye medidas que parece que sí han agradado a todos los sectores. Entre ellas, la posibilidad de conceder permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sin papeles víctimas de la violencia de género, o la concesión del permiso de residencia a las inmigrantes ilegales que sean víctimas de una red de trata de mujeres y se decidan a denunciarlo.

Se amplían también las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes de manera ilegal, y se castiga con más dureza los engaños a inmigrantes traídos a nuestro país con falsas promesas de trabajo legal, tras hacerles llegar una carta de invitación.

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Ya cuenten con situación regular o irregular -la ley no exige contrato si no se trabajan al menos 20 horas por semana-, las numerosas inmigrantes que ejercen como empleadas del hogar suelen sufrir temporalidad, falta de contrato y bajos salarios. Además, muchas de ellas realizan tareas muy por debajo de su preparación. Por estas razones, la citada Federación, a través de su informe “Tenemos la persona que necesita. Tres meses de garantía”, solicita que desde los gobiernos se aplique al sector ciertas garantías, que les otorguen un mayor reconocimiento social.

Esta realidad no es exclusiva de las mujeres inmigrantes en España. También hay muchas ciudadanas con nacionalidad española que se dedican a realizar tareas del hogar en casas ajenas y que cuentan con los mismos problemas.  Sin embargo, según datos del Consejo Económico y Social (CES) extraídos de la Encuesta de Población Activa, las empleadas del hogar extranjeras son más jóvenes y trabajan más horas.

En cuanto a nacionalidades, más de la mitad de las mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico proceden de Ecuador, Colombia y Rumanía -datos de 2006-. Desafortunadamente, la situación al otro lado del charco no es mejor, tal y como se puede leer en este reportaje de BBC Mundo.

Conseguir el reconocimiento social

Trabajos duros que no cuentan con el reconocimiento social que se merecen, a pesar de las buenas intenciones políticas, las mejoras puestas en marcha y de las reclamaciones sociales que han tenido lugar durante los últimos años. Según la Federación de Mujeres Progresistas, el sector del servicio doméstico está “anclado en otro tiempo, con su propio lenguaje y códigos”, según explica Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de la falta de reconocimiento y en ocasiones de respeto que tienen que soportar a diario las empleadas del hogar, el informe destaca la aportación de estas mujeres a la sociedad, así como la de las amas de casa, que también se traducen en términos económicos.

Por ello, la Federación solicita una reforma de la actual legislación y la equiparación al régimen general de la seguridad social. Algo que previsiblemente no ocurrirá en esta legislatura, según explica El Confidencial. Puedes consultar el Régimen especial de empleadas del Hogar en la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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Están ya aprobados o en trámite de aprobación o negociación 15 acuerdos, cuyos ciudadanos podrán unirse a los ‘afortunados’ naturales de cualquier estado de la UE o Noruega, que ya contaban con este derecho. Son los naturales de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela que tengan su residencia en España. Tal y como informa Servimedia, de estos países, 11 acuerdos ya están aprobados, tres están pedientes de aprobación y el de Venezuela tiene aún que comenzarse a negociar.

Un gran avance, pero con matices: hay más de 100 países con los que aún no se ha logrado un pacto en este sentido, que tendría que incluir, según dicta la Constitución Española, el derecho recíproco de voto local. Es decir, que los españoles residentes en estos países tengan también derecho a elegir a sus representantes locales en los lugares donde residan.

Los que no podrán votar

Entre los países con los que el Gobierno español no ha conseguido lograr un acuerdo se encuentran República Dominicana, Brasil, México o Marruecos, cuyos gobiernos decidieron no permitir a los españoles residentes en sus tierras ejercer el derecho a voto en elecciones similares.

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos por Europa Press, en España residen en la actualida más de un millón de inmigrantes de estos países que contarán con 18 años o más en las próximas elecciones municipales, aunque el requisito extra de haber cumplido cinco años de residencia en territorio español dejará a unos 350.000 inmigrantes sin este derecho. Las cifras facilitadas por el Ejecutivo también incluyen a los que ya han conseguido la nacionalidad española.

Campañas por el voto inmigrante

La iniciativa del Gobierno español de fomentar los acuerdos en este sentido viene siendo solicitada por la sociedad española y por los inmigrantes residentes en España desde hace tiempo. En concreto, ya en 2008, diversas asociaciones, entre las que se encontraban ACSUR, ACOMA, RUMIÑAHUI, CEDEHU, CEAR Madrid, FERINE y SOS Racismo entre otras, pusieron en marcha una campaña por e derecho al voto de lo sinmigrantes. Su leiv-motiv era la imagen que ilustra este artículo. Más información aquí.

Y si nos remitimos aún más atrás en el tiempo, seguramente muchos recordaremos la campaña ‘Aquí vivo, aquí voto‘, en la que diversos colectivos intentaban presionar al Ejecutivo para conseguir que los inmigrantes pudieran votar en nuestro país.

El voto de los españoles en el extranjero

Pero los españoles tampoco lo tienen fácil para votar en el extranjero, a pesar de los convenios. Al igual que España exige el requisito de haber residido legalmente en el país durante al menos cinco años para poder votar en las locales, el resto de países tienen condiciones particulares. En Burkina Fasso, por ejemplo, los extranjeros han de estar al día con el fisco para poder ejercer su derecho a voto; en Uruguay los cinco años de residencia se elevan a nada menos que 15 y en Argentina los extranjeros podrán votar o no en función de la provincia en la que residan.

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El principal argumento de AI se basa en los últimos informes remitidos a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. «Mientras el Gobierno británico hablaba de 55.000 incidentes racistas, el español informaba de entre diez y doce», asegura Beltrán, según La Voz de Galicia.

Beltrán realizó estas declaraciones en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, donde inauguró las conferencias sobre Dignidad y Derechos Humanos. Lucha contra la Impunidad y la Pobreza. Durante la jornada, el director de AI criticó al Ejecutivo de España por fomentar “el control fronterizo, y no la integración”, según El País.

Así, Beltrán expuso el caso de Mauritania, donde Amnistía Internacional ha sido testigo de los maltratos de las autoridades hacia los inmigrantes que quieren venir a España, sin actuación por parte de la Administración Española, que en cambio mantiene una colaboración estrecha con el Globierno mauritano para impedir la salida de los inmigrantes.

Pero no es la única crítica que AI realiza hacia nuestro país. En su último informe anual “Los derechos humanos en El Mundo”, correspondiente a 2009, la organización denuncia entre otros hechos que “continuaron denunciándose ataques racistas cometidos por personas a título individual, y casos de tortura y otros malos tratos con un componente racista a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Puedes consultar el informe completo -en el que se incluyen numerosos países- en la web de Amnistía.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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Promovidas por las fundaciones Wolters Kluwer y Cremades & Calvo Sotelo, las clases se impartirán en los 17 Centros de Participación e Integración -CEPIS- de Madrid en horario de tarde los días 30 de mayo, 6 y 13 de junio.

Esta primera fase piloto del programa podrá ser disfrutada por unos mil inmigrantes, que podrán recibir nociones básicas de las principales leyes españolas por profesionales -de despachos como Garrigues, Sagardoy Abogados, Roca Junyent, entre otros, según informa El Economista- que han decidido adherirse a la iniciativa voluntariamente y sin ánimo de lucro.

Las materias que se tratarán en estas particulares ‘clases’, que cuentan con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, será diversas, aunque estarán divididas en cuatro grandes bloques: los elementos básicos de organización y convivencia en España; los derechos y deberes de los ciudadanos; legislación general y derecho de los extranjeros. Cuestiones como la distribución de poderes del Estado, la organización política e institucional o los principales puntos de la legislación laboral, de alquiler, vial o tributaria son sólo un ejemplo de lo que se tratará en los cursos, según informa Diario del Henares.

Los interesados podrán apuntarse a las clases gratuitas llamando al teléfono 012. Una vez completado el curso, los asistentes recibirán un diploma acreditativo de su participación que podrán presentar al solicitar la Nacionalidad Española o al realizar otros trámites, y está previsto que, posteriormente, se edite una publicación con las materias tratadas en el programa ‘Conoce tus Leyes’.

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Sin embargo, entre los requisitos para optar a este tipo de ayudas se encuentra el de ser natural de uno de los 20 países extracomunitarios con los que España tiene un acuerdo al respecto.

A partir de ahora, los rumanos tendrán también sus propias ayudas en este sentido. Eso sí, los inmigrantes rumanos no pueden sufrir restricciones de no-retorno temporales, y cobrarán el subsidio una vez hayan vuelto a su país, según informó el pasado martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Según cifras del Ejecutivo, en la actualidad habitan en España 750.000 rumanos, de los que casi un 10%, 70.912, están en el paro.

Según informa ABC.es, hasta ahora esta «exportación de las prestaciones» sólo era posible realizarla por un periodo de tres meses por los ciudadanos de la UE, un periodo que ahora se verá ampliado hasta el periodo total de la cobertura para el caso de los ciudadanos rumanos.

La condición irrevocable para obtener la ayuda, según explica El Economista, es que el inmigrante retornado se comprometa a buscar trabajo activamente una vez de vuelta en Rumanía.

Ya el lunes, antes de la firma del acuerdo entre ambos países, el ministro de Trabajo rumano, Marian Sarbu, afirmaba que no espera una vuelta masiva de rumanos de España a pesar de este acuerdo.

Y es que el desempleo es el principal problema al que se enfrentan tanto nacionales como inmigrantes en España. En concreto, la cifra de parados superó en el primer trimestre los cuatro millones de desempleados, situando la tasa de paro en el 17,36% de la población activa -frente al 5,6% de Rumanía-, obteniendo así el dudoso honor de convertirse en el país con más desempleo de toda la UE.

Ayuda también para el desplazamiento

Otra de las novedades anunciadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es que el Ejecutivo estudia también dar ayudas a los rumanos para que puedan cubrir los gastos de desplazamiento necesarios para volver a su país, según informa Elmundo.es.

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Las sanciones que prevé la nueva normativa pasan por multas, privación de ayudas públicas y la obligación de pagar salarios legales para empresas y personas que empleen a este tipo de trabajadores.

Tal y como nos cuenta Euronews, en caso de reincidencia o abuso reiterado, la sanción podría ser penal. Se daría el mismo caso, la conversión de las responsabilidades en penales, en casos de si contratar a un gran número de personas en situación irregular, cuando las condiciones de trabajo se consideren explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.

A pesar de que este paso supone un avance considerable en la defensa de los derechos de los inmigrantes, la normativa ha de ser aún aprobada por el Consejo Europeo, y los países no tendrán obligación de aplicarla hasta dos años tras la luz verde definitiva.

Por otra parte,  el texto aprobado por el Europarlamento también solicita a los estados de la UE que mejoren o pongan en marcha inspecciones efectivas para evitar estos casos de ilegalidad, así como protección para que los inmigrantes puedan denunciar sin miedo este tipo de empleos ilegales y beneficiarse, si lo hacen, de permisos temporales de residencia.

En la actualidad, se calcula que trabajan en la UE entre 4,5 y 8 millones de “sin papeles”, principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la limpieza, según explica Euroalert.

La legislación en España

En el caso español, la normativa actual contempla sanciones penales para las personas jurídicas -sociedades o empresas-, que contraten a personas víctimas del tráfico de seres humanos, pero no para el resto de los casos recogidos en el nuevo texto, por lo que la legislación española tendría que adaptarse a estos nuevo suspuestos.

El empresario o empresa que no respete la nueva directiva, una vez sea obligatorio respetarla, deberá devolver las ayudas y subvenciones públicas recibidas durante el año previo y además tendrá que pagar una multa, que se fijará en función del número de inmigrantes irregulares empleados.

También tendrá que hacer frente al pago de una segunda multa que se calculará sumando impuestos y cotizaciones que habría pagado si el contrato fuese legal, y si fuera necesario, habrá de hacerse cargo de los gastos relacionados con el regreso a sus respectivos países de los inmigrantes indocumentados que decidan o se vean obligados a volver a sus lugares de origen.

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El entonces recién nombrado conseller de Inmigración, Rafael Blasco, anunció en mayo la creación de un contrato para inmigrantes no comunitarios residentes en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante bajo el nombre de “compromiso de integración” con el objetivo de conseguir que “los nuevos vecinos” se adapten a las normas de convivencia y “aprendan la cultura valenciana”.

Del mismo modo que cuando Rajoy hizo pública su intención de crear, si ganaba las elecciones, un contrato de inmigración para inmigrantes -por el que éstos tendrían los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”, la polémica no se ha hecho esperar. 

La puesta en marcha de este contrato ha conseguido aunar críticas del Gobierno y de numerosas asociaciones, especialmente aquéllas que se dedican a la integración de inmigrantes, que creen que esta nueva ley recortaría los derechos de los inmigrantes.

Polémica

Tal y como publica el diario Las Provincias, poco después de anunciar la noticia, el Gobierno recordaba al Ejecutivo valenciano que todas las normas de conducta que deben respetar los inmigrantes están ya plasmadas en la legislación española, así como que las competencias en materia de Inmigración corresponde a la Administración central.

Según la Generalitat valenciana, el nuevo contrato será sólamente un documento acreditativo totalmente voluntario y sin valor contractual. Para conseguirlo, será necesario superar un curso de 40 horas en el que los inmigrantes interesados estudiarán materias como geografía de la Comunidad valenciana y España, lenguas oficiales, legislación nacional, etc…

Clases gratuitas y voluntarias

Las clases, gratuitas, se impartirán, según publica la prensa local, en centros oficiales dependientes de la Consejería de Inmigración, y el material será facilitado sin coste alguno por la administración competente.

El siguiente paso tras el curso será un examen, que los inmigrantes habrán de superar para conseguir el ‘título’, que podrá incluirse posteriormente en el CV como muestra del interés del inmigrante por integrarse en su nueva ciudad y en su nuevo país de acogida.

La Comunidad valenciana será la primera autonomía en poner en marcha una medida como esta. Está previsto que las pruebas piloto, y con ellas, los primeros inmigrantes, puedan conseguir su certificado durante la próxima primavera.

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