Ya cuenten con situación regular o irregular -la ley no exige contrato si no se trabajan al menos 20 horas por semana-, las numerosas inmigrantes que ejercen como empleadas del hogar suelen sufrir temporalidad, falta de contrato y bajos salarios. Además, muchas de ellas realizan tareas muy por debajo de su preparación. Por estas razones, la citada Federación, a través de su informe “Tenemos la persona que necesita. Tres meses de garantía”, solicita que desde los gobiernos se aplique al sector ciertas garantías, que les otorguen un mayor reconocimiento social.

Esta realidad no es exclusiva de las mujeres inmigrantes en España. También hay muchas ciudadanas con nacionalidad española que se dedican a realizar tareas del hogar en casas ajenas y que cuentan con los mismos problemas.  Sin embargo, según datos del Consejo Económico y Social (CES) extraídos de la Encuesta de Población Activa, las empleadas del hogar extranjeras son más jóvenes y trabajan más horas.

En cuanto a nacionalidades, más de la mitad de las mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico proceden de Ecuador, Colombia y Rumanía -datos de 2006-. Desafortunadamente, la situación al otro lado del charco no es mejor, tal y como se puede leer en este reportaje de BBC Mundo.

Conseguir el reconocimiento social

Trabajos duros que no cuentan con el reconocimiento social que se merecen, a pesar de las buenas intenciones políticas, las mejoras puestas en marcha y de las reclamaciones sociales que han tenido lugar durante los últimos años. Según la Federación de Mujeres Progresistas, el sector del servicio doméstico está “anclado en otro tiempo, con su propio lenguaje y códigos”, según explica Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de la falta de reconocimiento y en ocasiones de respeto que tienen que soportar a diario las empleadas del hogar, el informe destaca la aportación de estas mujeres a la sociedad, así como la de las amas de casa, que también se traducen en términos económicos.

Por ello, la Federación solicita una reforma de la actual legislación y la equiparación al régimen general de la seguridad social. Algo que previsiblemente no ocurrirá en esta legislatura, según explica El Confidencial. Puedes consultar el Régimen especial de empleadas del Hogar en la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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Además de ser de raza latina, la única condición para acudir al improvisado ‘casting’ es tener los papeles en regla, ya que los días en que estas 100 personas tengan que participar en el rodaje serán dadas de alta en la Seguridad Social.

Hombres y mujeres de todas las edades, desde niños a ancianos, que quieran participar en el proyecto, deberán presentarse con una fotografía reciente en el CEPI Hispano-Ecuatoriano II (Calle Arquitectura, 15. Metro Acacias o Embajadores) el próximo jueves 30 de julio de 8.30 a 16.00 horas. Los elegidos recibirán un salario de entre 30 y 40 euros diarios.

Está previsto, según informa el propio CEPI, que el rodaje comience a finales de agosto o principios de septiembre, y los extras necesitarán entre uno y dos días libres para participar en las secuencias de la fiesta.

Para más información:

José Luis García Jiménez. Centro Hispano-Ecuatoriano II
Tel.: 91473 61 87/ 91 354 50 80 Fax: 91 473 21 90.
e-mail: joseluis.garcia@fundacionalianza.orgEsta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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La desaceleración en que se encuentra inmersa la economía española y el aumento alarmante del número de desempleados se ha convertido en la pesadilla de muchos ciudadanos que hacen cola en la puerta del INEM. Sin embargo, y a pesar de que el paro no entiende de nacionalidades, son los inmigrantes los más afectados por el aumento del desempleo. En concreto, ecuatorianos y marroquíes son los que alcanzan las más altas tasas de paro en la actualidad.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha hecho públicas, a través de este estudio, cifras que para muchos podrían resultar escalofriantes. En concreto, la tasa de paro de los marroquíes residentes en España se situaba a finales del pasado año, cuando la crisis aún no había entrado en su etapa más dura, en el 35%, una cifra muy superior a la tasa de desempleo de los inmigrantes en España, así como a la tasa de paro global de todo el país.

El desempleo, según asegura el informe, está afectando más a los marroquíes. Estos eran los que tenían un mayor número de parados antes de 2008, “y en este año son los que han sumado un número mayor de nuevos parados”. Con el agravante de que estos nuevos desempleados “proceden principalmente de la pérdida de ocupados, y no del
aumento de población activa, como ocurre con otros colectivos como el rumano”, reza el estudio.

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Por su parte, el Ejecutivo parece tener muy claro la política a seguir: fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes residentes en España que no puedan o no quieran seguir buscando oportunidades en España.

El último anuncio lo ha hecho este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según informa Europa Press, el Ejecutivo incrementará la partida dedicada a los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Mediante este tipo de programas, los inmigrantes que quieran regresar a sus países podrán conseguir ayudas para financiar el viaje de vuelta, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y prueben que no podrían abandonar el país algún tipo de ayuda.

En la actualidad, el Ejecutivo ofrece dos programas distintos de retorno voluntario, éste que gestionan las ONG y un segundo aprobado por Real Decreto.

Este último no es estrictamente una ayuda económica, sino la posibilidad de que los inmigrantes de algunos países extracomunitarios que hayan trabajado y cotizado en España puedan cobrar de golpe su prestación por desempleo -el paro- antes de marcharse a su país. Eso sí, la condición es no volver a España en los siguientes tres años. Este tipo de ayudas se pueden tramitar aquí.

Desde el pasado noviembre, han sido aproximadamente unos 4.000 inmigrantes los que han solicitado y percibido esta ayuda -capitalizacion del paro-. Otros tantos, según datos del Ministerio, se encuentran en la actualidad en listas de espera para percibir el otro tipo de ayuda, la que supone dinero en efectivo para poder volver, la más solicitada hasta ahora.

Ayudas para el retorno

En el caso de la ayuda directa, denominada Programa Social de Retorno, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que la gestionan en casos de necesidad extrema. Así, entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración, Cáritas o el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) aportan a los inmigrantes que consigan la ayuda una pequeña cantidad -unos 50 euros- para los gastos de viaje, además del billete de avión, según informa Elmundo.es.

Además, el Ejecutivo está ya trabajando en otro tipo de ayudas de las que podrán disfrutar los inmigrantes rumanos residentes en España que quieran volver a su país.

Los ciudadanos de este país, que suponen la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de 700.000 inmigrantes residentes en España, no pueden acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de alguno de los 20 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. Los países en concreto son:

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En concreto, han sido 55 inmigrantes, de nueve países distintos, los primeros en conseguir el diploma, que les fue entregado el pasado sábado, tal y como cuenta el diario Levante.

Fue el conseller Rafael Blasco el encargado de entregarles los diplomas que les acreditan como poseedores de lo que se ha llamado Compromiso de Integración.

Los políticos que lo han impulsado en la Comunidad Valenciana, la primera en poner en marcha una medida similar, aseguran que el diploma abrirá más las puertas a los inmigrantes que lo posean a la hora de realizar determinadas gestiones, como por ejemplo buscar empleo, ya que “expresan su voluntad de compartir las costumbres y los valores de la sociedad en la que ahora habitan”, en este caso en las provincias de Valencia, Castellón o Alicante.

La  polémica iniciativa, que cuenta con detractores y apoyos incondicionales, ya tiene en sus filas a aproximadamente un millar de inmigrantes, según Levante.

Los cursos, que tienen una duración de 40 horas, y se imparten en las Escuelas de Acogida, se componen de clases de distintas materias, entre las que se encuentran el valenciano y el castellano, física, geografía, historia, demografía, legislación básica e información práctica.

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Las previsiones que manejan las autoridades también indican que la tendencia continuará a la baja, es decir, que cada vez serán menos los inmigrantes que se decidan a venir a vivir a España.

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Las sanciones que prevé la nueva normativa pasan por multas, privación de ayudas públicas y la obligación de pagar salarios legales para empresas y personas que empleen a este tipo de trabajadores.

Tal y como nos cuenta Euronews, en caso de reincidencia o abuso reiterado, la sanción podría ser penal. Se daría el mismo caso, la conversión de las responsabilidades en penales, en casos de si contratar a un gran número de personas en situación irregular, cuando las condiciones de trabajo se consideren explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.

A pesar de que este paso supone un avance considerable en la defensa de los derechos de los inmigrantes, la normativa ha de ser aún aprobada por el Consejo Europeo, y los países no tendrán obligación de aplicarla hasta dos años tras la luz verde definitiva.

Por otra parte,  el texto aprobado por el Europarlamento también solicita a los estados de la UE que mejoren o pongan en marcha inspecciones efectivas para evitar estos casos de ilegalidad, así como protección para que los inmigrantes puedan denunciar sin miedo este tipo de empleos ilegales y beneficiarse, si lo hacen, de permisos temporales de residencia.

En la actualidad, se calcula que trabajan en la UE entre 4,5 y 8 millones de “sin papeles”, principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la limpieza, según explica Euroalert.

La legislación en España

En el caso español, la normativa actual contempla sanciones penales para las personas jurídicas -sociedades o empresas-, que contraten a personas víctimas del tráfico de seres humanos, pero no para el resto de los casos recogidos en el nuevo texto, por lo que la legislación española tendría que adaptarse a estos nuevo suspuestos.

El empresario o empresa que no respete la nueva directiva, una vez sea obligatorio respetarla, deberá devolver las ayudas y subvenciones públicas recibidas durante el año previo y además tendrá que pagar una multa, que se fijará en función del número de inmigrantes irregulares empleados.

También tendrá que hacer frente al pago de una segunda multa que se calculará sumando impuestos y cotizaciones que habría pagado si el contrato fuese legal, y si fuera necesario, habrá de hacerse cargo de los gastos relacionados con el regreso a sus respectivos países de los inmigrantes indocumentados que decidan o se vean obligados a volver a sus lugares de origen.

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Así nos lo contaba en enero el diario Público, que aseguraba que un grupo de jueces había solicitado reducir las sanciones o incluso despenalizar esta práctica, conocida como el Top Manta, con la esperanza de que los cambios pudieran ser incluidos en la próxima reforma del Código Penal, prevista para el próximo mes de marzo.

En la misma línea, la Asociacion de Sin Papeles de Madrid y la Red del Ferrocarril Clandestino han convocado para esta misma tarde a las 20 horas una manifestación, que partirá de la plaza de Lavapiés y terminará en la Puerta del Sol.

Ahora mismo, y según la actual normativa, formar parte del top-manta conlleva penas de entre 6 y 24 meses de cárcel. Bajo el lema “Sobrevivir no es delito. Despenalización del top-manta ¡YA!”, los convocantes esperan poder modificar la actual normativa para intentar conseguir la modificación de la normativa.

Lo cuenta también el gran Pedro Simón en Elmundo.es. Esta huelga de mantas vacías viene precedida de una recogida de firmas que puedes ver y a la que te puedes unir aquí. Además de en Madrid, hay manifestaciones convocadas en otras ciudades como Terrassa.

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El entonces recién nombrado conseller de Inmigración, Rafael Blasco, anunció en mayo la creación de un contrato para inmigrantes no comunitarios residentes en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante bajo el nombre de “compromiso de integración” con el objetivo de conseguir que “los nuevos vecinos” se adapten a las normas de convivencia y “aprendan la cultura valenciana”.

Del mismo modo que cuando Rajoy hizo pública su intención de crear, si ganaba las elecciones, un contrato de inmigración para inmigrantes -por el que éstos tendrían los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”, la polémica no se ha hecho esperar. 

La puesta en marcha de este contrato ha conseguido aunar críticas del Gobierno y de numerosas asociaciones, especialmente aquéllas que se dedican a la integración de inmigrantes, que creen que esta nueva ley recortaría los derechos de los inmigrantes.

Polémica

Tal y como publica el diario Las Provincias, poco después de anunciar la noticia, el Gobierno recordaba al Ejecutivo valenciano que todas las normas de conducta que deben respetar los inmigrantes están ya plasmadas en la legislación española, así como que las competencias en materia de Inmigración corresponde a la Administración central.

Según la Generalitat valenciana, el nuevo contrato será sólamente un documento acreditativo totalmente voluntario y sin valor contractual. Para conseguirlo, será necesario superar un curso de 40 horas en el que los inmigrantes interesados estudiarán materias como geografía de la Comunidad valenciana y España, lenguas oficiales, legislación nacional, etc…

Clases gratuitas y voluntarias

Las clases, gratuitas, se impartirán, según publica la prensa local, en centros oficiales dependientes de la Consejería de Inmigración, y el material será facilitado sin coste alguno por la administración competente.

El siguiente paso tras el curso será un examen, que los inmigrantes habrán de superar para conseguir el ‘título’, que podrá incluirse posteriormente en el CV como muestra del interés del inmigrante por integrarse en su nueva ciudad y en su nuevo país de acogida.

La Comunidad valenciana será la primera autonomía en poner en marcha una medida como esta. Está previsto que las pruebas piloto, y con ellas, los primeros inmigrantes, puedan conseguir su certificado durante la próxima primavera.

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