De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Así, el PSOE con el apoyo de CiU, CC y PNV consiguieron aprobar las modificaciones, no sin la protesta del resto de la oposición, especialmente del PP, así como de multitud de asociaciones y organizaciones sociales.

El punto más polémico es el aumento del periodo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales de los actuales 40 a 60 días. El Ejecutivo justifica la medida alegando que supondrá un avance a la hora de facilitar la expulsión de los inmigranes sin papeles. Sin embargo, para Cristina Olmedo, directora jurídica de Red Acoge, esto podría ser incluso “anticonstitucional”, según ha declarado al diario venezolano El Universal.

Por otro lado, una vez que entre en vigor la normativa modificada, la reagrupación familiar sólo será permitida para la familia más cercana -hijos y padres- y entre estos últimos, sólo podrán reagruparse los mayores de 65 años. Además, el inmigrante tendrá que acreditar cinco años de residencia en España.

Las ONGs, en contra

Según el diario El País, importantes ONGs se han hecho eco de su desacuerdo con la normativa. A pesar de que reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado en el Congreso, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional (según explica Europa Press) o Cáritas alertan de que el nuevo texto no defiende ni salvaguarda suficientemente los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Pero el camino para que la Ley sea aprobada no es corto. Tras la primera luz verde del Congreso, el texto tendrá que ser aprobado por el Senado -donde el PP ya ha anunciado que presentará 64 enmiendas-, tras lo cual volvería al Congreso para su aprobación definitiva.

Los avances

Pero la modificación de la normativa también incluye medidas que parece que sí han agradado a todos los sectores. Entre ellas, la posibilidad de conceder permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sin papeles víctimas de la violencia de género, o la concesión del permiso de residencia a las inmigrantes ilegales que sean víctimas de una red de trata de mujeres y se decidan a denunciarlo.

Se amplían también las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes de manera ilegal, y se castiga con más dureza los engaños a inmigrantes traídos a nuestro país con falsas promesas de trabajo legal, tras hacerles llegar una carta de invitación.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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