La reforma de la actual Ley de Extranjería trae de cabeza al Ejecutivo de Zapatero. El pasado 29 de octubre, el Gobierno consiguió sacar adelante la modificación de la normativa tras tener que admitir más de 300 enmiendas de las 700 presentadas por los distintos grupos políticos.
Así, el PSOE con el apoyo de CiU, CC y PNV consiguieron aprobar las modificaciones, no sin la protesta del resto de la oposición, especialmente del PP, así como de multitud de asociaciones y organizaciones sociales.
El punto más polémico es el aumento del periodo máximo de internamiento de los inmigrantes ilegales de los actuales 40 a 60 días. El Ejecutivo justifica la medida alegando que supondrá un avance a la hora de facilitar la expulsión de los inmigranes sin papeles. Sin embargo, para Cristina Olmedo, directora jurídica de Red Acoge, esto podría ser incluso “anticonstitucional”, según ha declarado al diario venezolano El Universal.
Por otro lado, una vez que entre en vigor la normativa modificada, la reagrupación familiar sólo será permitida para la familia más cercana -hijos y padres- y entre estos últimos, sólo podrán reagruparse los mayores de 65 años. Además, el inmigrante tendrá que acreditar cinco años de residencia en España.
Las ONGs, en contra
Según el diario El País, importantes ONGs se han hecho eco de su desacuerdo con la normativa. A pesar de que reconocen “alguna mejora relevante” en el texto aprobado en el Congreso, CEAR, SOS Racismo, Amnistía Internacional (según explica Europa Press) o Cáritas alertan de que el nuevo texto no defiende ni salvaguarda suficientemente los derechos fundamentales de los inmigrantes.
Pero el camino para que la Ley sea aprobada no es corto. Tras la primera luz verde del Congreso, el texto tendrá que ser aprobado por el Senado -donde el PP ya ha anunciado que presentará 64 enmiendas-, tras lo cual volvería al Congreso para su aprobación definitiva.
Los avances
Pero la modificación de la normativa también incluye medidas que parece que sí han agradado a todos los sectores. Entre ellas, la posibilidad de conceder permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sin papeles víctimas de la violencia de género, o la concesión del permiso de residencia a las inmigrantes ilegales que sean víctimas de una red de trata de mujeres y se decidan a denunciarlo.
Se amplían también las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes de manera ilegal, y se castiga con más dureza los engaños a inmigrantes traídos a nuestro país con falsas promesas de trabajo legal, tras hacerles llegar una carta de invitación.
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