De enhorabuena y, en muchos casos de celebración: diversos actos con fuegos artificiales y conciertos han inundado las calles de las principales ciudades de estos países tal y como publica el Norte de Castilla.

Las tres repúblicas ex-yugoslavas se regirán desde ahora por las normas que rigen el espacio Schengen de libre circulación, del que forman parte 25 países de la UE -Reino Unido no forma parte del acuerdo- más tres no comunitarios.

A estos tres países está previsto que le sigan en breve otros territorios, entre ellos Bosnia Herzegovina y Croacia, que también han pedido su inclusión enel grupo Schengen.

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Están ya aprobados o en trámite de aprobación o negociación 15 acuerdos, cuyos ciudadanos podrán unirse a los ‘afortunados’ naturales de cualquier estado de la UE o Noruega, que ya contaban con este derecho. Son los naturales de Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela que tengan su residencia en España. Tal y como informa Servimedia, de estos países, 11 acuerdos ya están aprobados, tres están pedientes de aprobación y el de Venezuela tiene aún que comenzarse a negociar.

Un gran avance, pero con matices: hay más de 100 países con los que aún no se ha logrado un pacto en este sentido, que tendría que incluir, según dicta la Constitución Española, el derecho recíproco de voto local. Es decir, que los españoles residentes en estos países tengan también derecho a elegir a sus representantes locales en los lugares donde residan.

Los que no podrán votar

Entre los países con los que el Gobierno español no ha conseguido lograr un acuerdo se encuentran República Dominicana, Brasil, México o Marruecos, cuyos gobiernos decidieron no permitir a los españoles residentes en sus tierras ejercer el derecho a voto en elecciones similares.

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos por Europa Press, en España residen en la actualida más de un millón de inmigrantes de estos países que contarán con 18 años o más en las próximas elecciones municipales, aunque el requisito extra de haber cumplido cinco años de residencia en territorio español dejará a unos 350.000 inmigrantes sin este derecho. Las cifras facilitadas por el Ejecutivo también incluyen a los que ya han conseguido la nacionalidad española.

Campañas por el voto inmigrante

La iniciativa del Gobierno español de fomentar los acuerdos en este sentido viene siendo solicitada por la sociedad española y por los inmigrantes residentes en España desde hace tiempo. En concreto, ya en 2008, diversas asociaciones, entre las que se encontraban ACSUR, ACOMA, RUMIÑAHUI, CEDEHU, CEAR Madrid, FERINE y SOS Racismo entre otras, pusieron en marcha una campaña por e derecho al voto de lo sinmigrantes. Su leiv-motiv era la imagen que ilustra este artículo. Más información aquí.

Y si nos remitimos aún más atrás en el tiempo, seguramente muchos recordaremos la campaña ‘Aquí vivo, aquí voto‘, en la que diversos colectivos intentaban presionar al Ejecutivo para conseguir que los inmigrantes pudieran votar en nuestro país.

El voto de los españoles en el extranjero

Pero los españoles tampoco lo tienen fácil para votar en el extranjero, a pesar de los convenios. Al igual que España exige el requisito de haber residido legalmente en el país durante al menos cinco años para poder votar en las locales, el resto de países tienen condiciones particulares. En Burkina Fasso, por ejemplo, los extranjeros han de estar al día con el fisco para poder ejercer su derecho a voto; en Uruguay los cinco años de residencia se elevan a nada menos que 15 y en Argentina los extranjeros podrán votar o no en función de la provincia en la que residan.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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En colaboración con la Fundación Pfizer, Terapias sin fronteras atenderá, a través de este programa y de manera gratuita, a inmigrantes que estén planificando la reagrupación o a los que se encuentren en pleno proceso, así como a aquéllos que ya lo hayan completado.

Ya sean individuos, parejas o familias, los inmigrantes que se enfrenten a una reagrupación familiar pueden, según la Asociación, sufrir casos de incertidumbre acerca de la decisión, culpa por la separación de los familiares, problemas para adaptarse de nuevo a la familia o a la pareja, temores o dificultades ante el reencuentro, etc..

La Asociación advierte en su página web que, si estos casos no son tratados adecuadamente por especialistas, podrían derivar en depresión, ansiedad, problemas de pareja, problemas familiares, problemas en el entorno escolar, problemas serios en las relaciones padres-hijos, aislamiento, adicciones, retraimiento social y en algunos casos separación o divorcio.

Si estás interesado en disfrutar del servicio gratuito que te ofrece la Asociación Española de Estudios Migratorios y Psicoterapia, sólo necesitas solicitar una cita en el teléfono 91 429 9756 o a través del e-mail secretaria@terapiasinfronteras.com

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Por su parte, el Ejecutivo parece tener muy claro la política a seguir: fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes residentes en España que no puedan o no quieran seguir buscando oportunidades en España.

El último anuncio lo ha hecho este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según informa Europa Press, el Ejecutivo incrementará la partida dedicada a los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Mediante este tipo de programas, los inmigrantes que quieran regresar a sus países podrán conseguir ayudas para financiar el viaje de vuelta, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y prueben que no podrían abandonar el país algún tipo de ayuda.

En la actualidad, el Ejecutivo ofrece dos programas distintos de retorno voluntario, éste que gestionan las ONG y un segundo aprobado por Real Decreto.

Este último no es estrictamente una ayuda económica, sino la posibilidad de que los inmigrantes de algunos países extracomunitarios que hayan trabajado y cotizado en España puedan cobrar de golpe su prestación por desempleo -el paro- antes de marcharse a su país. Eso sí, la condición es no volver a España en los siguientes tres años. Este tipo de ayudas se pueden tramitar aquí.

Desde el pasado noviembre, han sido aproximadamente unos 4.000 inmigrantes los que han solicitado y percibido esta ayuda -capitalizacion del paro-. Otros tantos, según datos del Ministerio, se encuentran en la actualidad en listas de espera para percibir el otro tipo de ayuda, la que supone dinero en efectivo para poder volver, la más solicitada hasta ahora.

Ayudas para el retorno

En el caso de la ayuda directa, denominada Programa Social de Retorno, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que la gestionan en casos de necesidad extrema. Así, entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración, Cáritas o el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) aportan a los inmigrantes que consigan la ayuda una pequeña cantidad -unos 50 euros- para los gastos de viaje, además del billete de avión, según informa Elmundo.es.

Además, el Ejecutivo está ya trabajando en otro tipo de ayudas de las que podrán disfrutar los inmigrantes rumanos residentes en España que quieran volver a su país.

Los ciudadanos de este país, que suponen la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de 700.000 inmigrantes residentes en España, no pueden acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de alguno de los 20 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. Los países en concreto son:

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Las sanciones que prevé la nueva normativa pasan por multas, privación de ayudas públicas y la obligación de pagar salarios legales para empresas y personas que empleen a este tipo de trabajadores.

Tal y como nos cuenta Euronews, en caso de reincidencia o abuso reiterado, la sanción podría ser penal. Se daría el mismo caso, la conversión de las responsabilidades en penales, en casos de si contratar a un gran número de personas en situación irregular, cuando las condiciones de trabajo se consideren explotación, si la persona contratada es víctima del tráfico de seres humanos o si se trata de un menor.

A pesar de que este paso supone un avance considerable en la defensa de los derechos de los inmigrantes, la normativa ha de ser aún aprobada por el Consejo Europeo, y los países no tendrán obligación de aplicarla hasta dos años tras la luz verde definitiva.

Por otra parte,  el texto aprobado por el Europarlamento también solicita a los estados de la UE que mejoren o pongan en marcha inspecciones efectivas para evitar estos casos de ilegalidad, así como protección para que los inmigrantes puedan denunciar sin miedo este tipo de empleos ilegales y beneficiarse, si lo hacen, de permisos temporales de residencia.

En la actualidad, se calcula que trabajan en la UE entre 4,5 y 8 millones de “sin papeles”, principalmente en los sectores de la construcción, la agricultura y la limpieza, según explica Euroalert.

La legislación en España

En el caso español, la normativa actual contempla sanciones penales para las personas jurídicas -sociedades o empresas-, que contraten a personas víctimas del tráfico de seres humanos, pero no para el resto de los casos recogidos en el nuevo texto, por lo que la legislación española tendría que adaptarse a estos nuevo suspuestos.

El empresario o empresa que no respete la nueva directiva, una vez sea obligatorio respetarla, deberá devolver las ayudas y subvenciones públicas recibidas durante el año previo y además tendrá que pagar una multa, que se fijará en función del número de inmigrantes irregulares empleados.

También tendrá que hacer frente al pago de una segunda multa que se calculará sumando impuestos y cotizaciones que habría pagado si el contrato fuese legal, y si fuera necesario, habrá de hacerse cargo de los gastos relacionados con el regreso a sus respectivos países de los inmigrantes indocumentados que decidan o se vean obligados a volver a sus lugares de origen.

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Así nos lo contaba en enero el diario Público, que aseguraba que un grupo de jueces había solicitado reducir las sanciones o incluso despenalizar esta práctica, conocida como el Top Manta, con la esperanza de que los cambios pudieran ser incluidos en la próxima reforma del Código Penal, prevista para el próximo mes de marzo.

En la misma línea, la Asociacion de Sin Papeles de Madrid y la Red del Ferrocarril Clandestino han convocado para esta misma tarde a las 20 horas una manifestación, que partirá de la plaza de Lavapiés y terminará en la Puerta del Sol.

Ahora mismo, y según la actual normativa, formar parte del top-manta conlleva penas de entre 6 y 24 meses de cárcel. Bajo el lema “Sobrevivir no es delito. Despenalización del top-manta ¡YA!”, los convocantes esperan poder modificar la actual normativa para intentar conseguir la modificación de la normativa.

Lo cuenta también el gran Pedro Simón en Elmundo.es. Esta huelga de mantas vacías viene precedida de una recogida de firmas que puedes ver y a la que te puedes unir aquí. Además de en Madrid, hay manifestaciones convocadas en otras ciudades como Terrassa.

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El entonces recién nombrado conseller de Inmigración, Rafael Blasco, anunció en mayo la creación de un contrato para inmigrantes no comunitarios residentes en las provincias de Castellón, Valencia o Alicante bajo el nombre de “compromiso de integración” con el objetivo de conseguir que “los nuevos vecinos” se adapten a las normas de convivencia y “aprendan la cultura valenciana”.

Del mismo modo que cuando Rajoy hizo pública su intención de crear, si ganaba las elecciones, un contrato de inmigración para inmigrantes -por el que éstos tendrían los mismos derechos que los españoles, pero deberán comprometerse a “cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles”, la polémica no se ha hecho esperar. 

La puesta en marcha de este contrato ha conseguido aunar críticas del Gobierno y de numerosas asociaciones, especialmente aquéllas que se dedican a la integración de inmigrantes, que creen que esta nueva ley recortaría los derechos de los inmigrantes.

Polémica

Tal y como publica el diario Las Provincias, poco después de anunciar la noticia, el Gobierno recordaba al Ejecutivo valenciano que todas las normas de conducta que deben respetar los inmigrantes están ya plasmadas en la legislación española, así como que las competencias en materia de Inmigración corresponde a la Administración central.

Según la Generalitat valenciana, el nuevo contrato será sólamente un documento acreditativo totalmente voluntario y sin valor contractual. Para conseguirlo, será necesario superar un curso de 40 horas en el que los inmigrantes interesados estudiarán materias como geografía de la Comunidad valenciana y España, lenguas oficiales, legislación nacional, etc…

Clases gratuitas y voluntarias

Las clases, gratuitas, se impartirán, según publica la prensa local, en centros oficiales dependientes de la Consejería de Inmigración, y el material será facilitado sin coste alguno por la administración competente.

El siguiente paso tras el curso será un examen, que los inmigrantes habrán de superar para conseguir el ‘título’, que podrá incluirse posteriormente en el CV como muestra del interés del inmigrante por integrarse en su nueva ciudad y en su nuevo país de acogida.

La Comunidad valenciana será la primera autonomía en poner en marcha una medida como esta. Está previsto que las pruebas piloto, y con ellas, los primeros inmigrantes, puedan conseguir su certificado durante la próxima primavera.

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La modificación reduce un 86% las ocupaciones que se ofertaban en los primeros meses del pasado año, cuando la cifra de posibles profesiones que habían de cubrirse con personal proveniente del exterior -porque no era posible hacerlo con residentes en España- era de casi 2.500.

Parece que las medidas que el Ejecutivo está tomando para intentar paliar una crisis que cada día se hace más problemática y profunda están afectando también, de manera negativa, a los inmigrantes, tanto residentes en España como a los que tenían pensado venir.

El diario El País dedica hoy un completo artículo al tema, y a las principales dificultades que los inmigrantes están teniendo para conseguir vivir dignamente en España. Además de las dificultades que la crisis conlleva para cualquiera -aumento del paro, dificultad para encontrar trabajo y conseguir créditos, etc…-, los inmigrantes se ven golpeados por una recesión que cada día que pasa se hace más dura, y afecta no sólo a los de aquí, sino a los de allí.

Un ejemplo son las remesas que los inmigrantes mandan desde España a sus respectivos países, que en muchos casos suponen un porcentaje considerable del PIB local y han permitido a muchos barrios, pueblos y países, evolucionar por encima de lo esperado en los últimos años. Nadie duda que la inmigración a países como España ha supuesto un impulso en la vida y en la economía de habitantes de muchos países, por ejemplo en América del Sur o Europa del Este.

Sin embargo, la crisis ha hecho que las remesas se hayan reducido un 7% entre enero y septiembre de 2008, según los datos del Banco de España publicados por La Opinión.

Pero para los que están en España las condiciones se hacen cada vez más duras. Asociaciones africanas de Baleares han denunciado en los últimos días que los pisos patera han aumentado un 30% entre las familias inmigrantes residentes en las islas, según la prensa local.

La crisis, por tanto, está afectando a los inmigrantes en España más, si cabe, que al resto de ciudadanos. Así nos lo contaban la pasada semana desde la  Federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom), donde admitían que ya había compatriotas que se habían visto obligados a volver a sus países por falta de trabajo. “Esperemos que esto pase pronto”, aseguraban con esperanza. Una esperanza que esperemos que se convierta en realidad.

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Sin embargo, a la hora de actualizar los papeles, todos son dudas. Los ministerios españoles de Interior, Trabajo y Administraciones Públicas no se ponen de acuerdo en cuáles son los trámites necesarios, y tras algunas llamadas por parte de Ser Inmigrantes, no son capaces de aclararnos qué es lo que deben hacer los rumanos y búlgaros residentes en España para normalizar su situación.

Desde el Ministerio de Interior nos informan de que búlgaros y rumanos residentes en España son ya como cualquier otro ciudadanos de la UE, con los mismos derechos y deberes, aunque aconsejan pasar por el registro o por alguna oficina de extranjería para informarse sobre los pasos a seguir.

Desde la Federación de asociaciones rumanas en España (Fedrom), sin embargo, nos aseguran que no hace falta actualizar ningún documento, sino que el propio certificado de residencia o de residencia y trabajo que tengan ya búlgaros y rumanos residentes en España, es el documento que les acredita con la plena ciudadanía de la UE.

Vasilica, técnico de Fedrom, nos asegura que aunque en el certificado esté contemplado que hasta el fin de la moratoria no se adquirirán ciertos derechos, a partir del uno de enero ésta ya no está vigente y que no es necesario actualizar ningún documento.

Sin embargo, Vasilica nos asegura que la crisis tambien está afectando en este caso al colectivo rumano en España, y nos cuenta que algunos compatriotas ya se han visto obligados a volver a sus países por falta de trabajo y su consecuente falta de dinero. Esperemos que pase pronto.

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