Ya cuenten con situación regular o irregular -la ley no exige contrato si no se trabajan al menos 20 horas por semana-, las numerosas inmigrantes que ejercen como empleadas del hogar suelen sufrir temporalidad, falta de contrato y bajos salarios. Además, muchas de ellas realizan tareas muy por debajo de su preparación. Por estas razones, la citada Federación, a través de su informe “Tenemos la persona que necesita. Tres meses de garantía”, solicita que desde los gobiernos se aplique al sector ciertas garantías, que les otorguen un mayor reconocimiento social.

Esta realidad no es exclusiva de las mujeres inmigrantes en España. También hay muchas ciudadanas con nacionalidad española que se dedican a realizar tareas del hogar en casas ajenas y que cuentan con los mismos problemas.  Sin embargo, según datos del Consejo Económico y Social (CES) extraídos de la Encuesta de Población Activa, las empleadas del hogar extranjeras son más jóvenes y trabajan más horas.

En cuanto a nacionalidades, más de la mitad de las mujeres extranjeras que trabajan en el servicio doméstico proceden de Ecuador, Colombia y Rumanía -datos de 2006-. Desafortunadamente, la situación al otro lado del charco no es mejor, tal y como se puede leer en este reportaje de BBC Mundo.

Conseguir el reconocimiento social

Trabajos duros que no cuentan con el reconocimiento social que se merecen, a pesar de las buenas intenciones políticas, las mejoras puestas en marcha y de las reclamaciones sociales que han tenido lugar durante los últimos años. Según la Federación de Mujeres Progresistas, el sector del servicio doméstico está “anclado en otro tiempo, con su propio lenguaje y códigos”, según explica Europa Press.

Sin embargo, y a pesar de la falta de reconocimiento y en ocasiones de respeto que tienen que soportar a diario las empleadas del hogar, el informe destaca la aportación de estas mujeres a la sociedad, así como la de las amas de casa, que también se traducen en términos económicos.

Por ello, la Federación solicita una reforma de la actual legislación y la equiparación al régimen general de la seguridad social. Algo que previsiblemente no ocurrirá en esta legislatura, según explica El Confidencial. Puedes consultar el Régimen especial de empleadas del Hogar en la web del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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Entre las novedades que se incluyen en el mismo, la más destacada es la posibilidad de que los inmigrantes residentes en España, con un historial consistente de trabajo en el país -en concreto, haber trabajado al menos 9 meses de cada año que han residido en España-, tengan la posibilidad de renovar su permiso de residencia a pesar de haberse quedado en el paro.

Esta es una de las situaciones que, en la actualidad, se convierte en crítica para los inmigrantes extranjeros en España, que sin estos cambios perderían su permiso al no poder presentar un contrato de trabajo en vigor. El aumento del paro está afectando más intensamente a este colectivo que a los españoles, algo que esta nueva medida pretende aligerar, según explica el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Esta nueva normativa también pretende facilitar la renovación de los papeles a aquéllos inmigrantes que, a pesar de haber perdido su empleo, cuenten con una red familiar que sustente su mantenimiento en España. Lo que se traduce en que el inmigrante en paro no tendrá que volver a su país para que su pareja residente en España y en situación legal, solicite su reagrupación familiar. Bastará con que ésta demuestre que puede mantener a su mujer o marido para que el Ejecutivo renueve la autorización pertinente.

Estos cambios se unen a los ya puestos en marcha por el Gobierno a finales del pasado mes de junio, cuando se aprobó el nuevo proyecto de Ley de Extranjería, que legisla, entre otras cosas, el tratamiento a las víctimas de violencia de género en situación irregular, cuyos expedientes serán paralizados en cuanto realicen una denuncia de este tipo.

Según cuenta Expansion, el proyecto también contempla la creación de un registro de entradas y salidas de extranjeros en España con el objetivo de mejorar el control preventivo de la estancia irregular. Más información, en la web del Ministerio de Trabajo.

El PP quiere expulsar a los inmigrantes que cometan delitos

Al mismo tiempo, el PP ha alzado la voz para solicitar al Ejecutivo que se incluya en la ley de extranjería la expulsión de los inmigrantes que cometan delitos. Este es el principal reclamo que el Partido Popular elevará a las Cortes para  intentar incluir dentro de la reforma de Extranjería.

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La desaceleración en que se encuentra inmersa la economía española y el aumento alarmante del número de desempleados se ha convertido en la pesadilla de muchos ciudadanos que hacen cola en la puerta del INEM. Sin embargo, y a pesar de que el paro no entiende de nacionalidades, son los inmigrantes los más afectados por el aumento del desempleo. En concreto, ecuatorianos y marroquíes son los que alcanzan las más altas tasas de paro en la actualidad.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha hecho públicas, a través de este estudio, cifras que para muchos podrían resultar escalofriantes. En concreto, la tasa de paro de los marroquíes residentes en España se situaba a finales del pasado año, cuando la crisis aún no había entrado en su etapa más dura, en el 35%, una cifra muy superior a la tasa de desempleo de los inmigrantes en España, así como a la tasa de paro global de todo el país.

El desempleo, según asegura el informe, está afectando más a los marroquíes. Estos eran los que tenían un mayor número de parados antes de 2008, “y en este año son los que han sumado un número mayor de nuevos parados”. Con el agravante de que estos nuevos desempleados “proceden principalmente de la pérdida de ocupados, y no del
aumento de población activa, como ocurre con otros colectivos como el rumano”, reza el estudio.

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Sin embargo, entre los requisitos para optar a este tipo de ayudas se encuentra el de ser natural de uno de los 20 países extracomunitarios con los que España tiene un acuerdo al respecto.

A partir de ahora, los rumanos tendrán también sus propias ayudas en este sentido. Eso sí, los inmigrantes rumanos no pueden sufrir restricciones de no-retorno temporales, y cobrarán el subsidio una vez hayan vuelto a su país, según informó el pasado martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Según cifras del Ejecutivo, en la actualidad habitan en España 750.000 rumanos, de los que casi un 10%, 70.912, están en el paro.

Según informa ABC.es, hasta ahora esta «exportación de las prestaciones» sólo era posible realizarla por un periodo de tres meses por los ciudadanos de la UE, un periodo que ahora se verá ampliado hasta el periodo total de la cobertura para el caso de los ciudadanos rumanos.

La condición irrevocable para obtener la ayuda, según explica El Economista, es que el inmigrante retornado se comprometa a buscar trabajo activamente una vez de vuelta en Rumanía.

Ya el lunes, antes de la firma del acuerdo entre ambos países, el ministro de Trabajo rumano, Marian Sarbu, afirmaba que no espera una vuelta masiva de rumanos de España a pesar de este acuerdo.

Y es que el desempleo es el principal problema al que se enfrentan tanto nacionales como inmigrantes en España. En concreto, la cifra de parados superó en el primer trimestre los cuatro millones de desempleados, situando la tasa de paro en el 17,36% de la población activa -frente al 5,6% de Rumanía-, obteniendo así el dudoso honor de convertirse en el país con más desempleo de toda la UE.

Ayuda también para el desplazamiento

Otra de las novedades anunciadas por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, es que el Ejecutivo estudia también dar ayudas a los rumanos para que puedan cubrir los gastos de desplazamiento necesarios para volver a su país, según informa Elmundo.es.

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Por su parte, el Ejecutivo parece tener muy claro la política a seguir: fomentar el retorno voluntario de los inmigrantes residentes en España que no puedan o no quieran seguir buscando oportunidades en España.

El último anuncio lo ha hecho este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Según informa Europa Press, el Ejecutivo incrementará la partida dedicada a los programas de retorno que gestionan las ONG y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Mediante este tipo de programas, los inmigrantes que quieran regresar a sus países podrán conseguir ayudas para financiar el viaje de vuelta, siempre y cuando se encuentren en una situación de necesidad y prueben que no podrían abandonar el país algún tipo de ayuda.

En la actualidad, el Ejecutivo ofrece dos programas distintos de retorno voluntario, éste que gestionan las ONG y un segundo aprobado por Real Decreto.

Este último no es estrictamente una ayuda económica, sino la posibilidad de que los inmigrantes de algunos países extracomunitarios que hayan trabajado y cotizado en España puedan cobrar de golpe su prestación por desempleo -el paro- antes de marcharse a su país. Eso sí, la condición es no volver a España en los siguientes tres años. Este tipo de ayudas se pueden tramitar aquí.

Desde el pasado noviembre, han sido aproximadamente unos 4.000 inmigrantes los que han solicitado y percibido esta ayuda -capitalizacion del paro-. Otros tantos, según datos del Ministerio, se encuentran en la actualidad en listas de espera para percibir el otro tipo de ayuda, la que supone dinero en efectivo para poder volver, la más solicitada hasta ahora.

Ayudas para el retorno

En el caso de la ayuda directa, denominada Programa Social de Retorno, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que la gestionan en casos de necesidad extrema. Así, entidades como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Cruz Roja, ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración, Cáritas o el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) aportan a los inmigrantes que consigan la ayuda una pequeña cantidad -unos 50 euros- para los gastos de viaje, además del billete de avión, según informa Elmundo.es.

Además, el Ejecutivo está ya trabajando en otro tipo de ayudas de las que podrán disfrutar los inmigrantes rumanos residentes en España que quieran volver a su país.

Los ciudadanos de este país, que suponen la comunidad extranjera más numerosa en España, con más de 700.000 inmigrantes residentes en España, no pueden acogerse al Plan de Retorno Voluntario, que sólo afecta a los ciudadanos extracomunitarios, procedentes de alguno de los 20 países que tienen suscritos convenios de Seguridad Social con España. Los países en concreto son:

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El recorte se enmarca dentro de las medidas de austeridad aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero. Sin embargo, las reacciones adversas no se han hecho esperar.

El sindicato Comisiones Obreras, por ejemplo, ha solicitado al Ejecutivo que retire la medida, según informa Europa Press.

“Este anuncio nos deja perplejos ante las contradicciones en política de inmigración y en políticas de cohesión social del Gobierno central”, alegaba CCOO en un comunicado. De igual manera, los representantes sindicales  criticaron duramente que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anuncie que en la modificación de la ley de extranjería se definirá un presupuesto anual para integrar a los inmigrantes y “de forma sorprendente” se anuncie el recorte del fondo para las comunidades.

El PP también califica de “grave error” la decisión del Ejecutivo, según informa El Ecodiario. Según el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, la medida “provocará conflictividad social y profundizará en la desintegración de los mismos”.

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Las previsiones que manejan las autoridades también indican que la tendencia continuará a la baja, es decir, que cada vez serán menos los inmigrantes que se decidan a venir a vivir a España.

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Así nos lo contaba en enero el diario Público, que aseguraba que un grupo de jueces había solicitado reducir las sanciones o incluso despenalizar esta práctica, conocida como el Top Manta, con la esperanza de que los cambios pudieran ser incluidos en la próxima reforma del Código Penal, prevista para el próximo mes de marzo.

En la misma línea, la Asociacion de Sin Papeles de Madrid y la Red del Ferrocarril Clandestino han convocado para esta misma tarde a las 20 horas una manifestación, que partirá de la plaza de Lavapiés y terminará en la Puerta del Sol.

Ahora mismo, y según la actual normativa, formar parte del top-manta conlleva penas de entre 6 y 24 meses de cárcel. Bajo el lema “Sobrevivir no es delito. Despenalización del top-manta ¡YA!”, los convocantes esperan poder modificar la actual normativa para intentar conseguir la modificación de la normativa.

Lo cuenta también el gran Pedro Simón en Elmundo.es. Esta huelga de mantas vacías viene precedida de una recogida de firmas que puedes ver y a la que te puedes unir aquí. Además de en Madrid, hay manifestaciones convocadas en otras ciudades como Terrassa.

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Sin embargo, la que está a punto de ponerse en marcha tiene una intención muy distinta: que los rumanos residentes en la actualidad en España regresen a su tierra. Para ello, un grupo de técnicos del Ministerio de Trabajo rumano vendrán a España este mes con el fin de informar a los rumanos residentes en las ciudades españoles de las condiciones y oportunidades actuales del mercado laboral en Rumanía.

Aprovechando la coyuntura económica, y sobre todo laboral -el número de desempleados sigue batiendo récords cada mes, y sólo en enero 200.000 personas pasaron a engrosar las listas del paro-, Rumanía quiere mostrar a sus ciudadanos expatriados cómo está el patio por allí, ahora que tan mal van las cosas por aquí. Además, ya hemos contado en Inmigrantes en España que el desempleo afecta más, si cabe, a los inmigrantes que a los propios españoles.

Rumanía abrirá cuatro nuevos consulados en España

De esta manera, los más de 700.000 rumanos residentes en España podrán decidir qué hacer con su futuro. Si quedarse en España o regresar a su país. Para facilitar estos y otros trámites, el Ejecutivo del país europeo también tiene previsto inaugurar cuatro nuevos consulados en España: Bilbao, Ciudad Real, Zaragoza y Alicante albergarán las nuevas oficinas en un futuro próximo, según ha publicado Terra.es de la mano de la agencia EFE.

El anuncio lo realizó el ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, Cristian Diaconescu, que visitó España la pasada semana para mantener reuniones con su los titulares españoles de Asuntos Exteriores y Trabajo e Inmigración, Miguel Ángel Moratinos y Celestino Corbacho.

Volviendo al posible retorno, el ministro aseguró que desde ahora, “vamos a informar a los ciudadanos rumanos que viven en España sobre las nuevas condiciones económicas del país, de las facilidades para crear empresas, explicar cómo van a afectar los fondos europeos que vamos a recibir y hablar de las oportunidades que se abren para categorías profesionales específicas”.

500 euros mensuales de sueldo

Y por supuesto, habrá campaña informativa y ayudas, aunque aún no se han especificado de qué tipo.

En definitiva, todo este movimiento por parte del Ejecutivo rumano tiene por objeto potenciar el retorno de sus ciudadanos, ya que, según el Diaconescu, la falta de mano de obra en el país estaría mermando el potencial crecimiento económico del mismo: 2,2 millones de rumanos -el 10% de los habitantes del país y el 25% de la población activa- han dejado Rumanía para vivir en otros lugares y ganar algo más de dinero que la media de sueldo actual, que se encuentra el menos de 500 euros mensuales, según las estadísticas oficiales del país.

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